«El voto que no se abrió», por Ricardo Uceda

Martes, 17 de Abril del 2018

Un Tribunal Constitucional en controversia. El espinoso magistrado Eloy Espinosa-Saldaña. El demorado hábeas corpus de los esposos Humala. Votar a la distancia. Tres casos y un problema de pulcritud.

La votación sobre la libertad de Ollanta Humala y Nadine Heredia está precedida de suspenso porque hay empate entre seis miembros del Tribunal Constitucional. Dirimirá el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña cuando terminen sus vacaciones. El pleno del TC no aceptó, por improcedente, el voto que este dejó en un sobre cerrado. Es una discusión secundaria porque finalmente habrá resolución. Sin embargo, revela las fracturadas relaciones dentro del TC. Además, brinda mayores elementos para conocer al magistrado que decidió vacacionar, y que ha sido protagonista de tres cuestionamientos importantes en menos de seis meses.

El primer caso

Los tres episodios son completamente distintos, pero cabe preguntarse si estuvieron originados por un mismo tipo de conducta. El primero surge de la acusación de que Eloy Espinosa-Saldaña y tres magistrados más del actual pleno del TC cambiaron un voto en el caso El Frontón. De acuerdo con una de las interpretaciones en conflicto, el voto era oscuro y contenía elementos para aclararlo mediante la supresión de un párrafo. Según la otra postura, defendida ante todo por los jueces que quedaron en minoría, esta manipulación cambiaba la sentencia. ¿Había prevaricato, el delito que cometen los jueces que votan violando manifiestamente la ley? Es una segunda discusión, en la cual el fujimorismo en el Congreso sostuvo que sí: que los cuatro magistrados infringieron la Constitución y procedía destituirlos.

Los jueces tienen un amplio margen para ejercer criterio en la interpretación de las leyes, y por eso el prevaricato se sanciona cuando la ilegalidad es incontrastable. En España el Tribunal Supremo absolvió a Baltazar Garzón por abrir proceso contra los responsables de las desapariciones en el franquismo, pese a que hubo amnistía, los delitos habían prescrito y los acusados estaban muertos. Su propósito no era hacer justicia sino buscar la verdad. Garzón cayó en cambio por disponer escuchas ilegales. Volviendo a El Frontón, la defensa más adecuada que se hizo de los acusados de cambiar un voto, no fue la que dijo que decidieron correctamente, sino la que sostuvo que su opción cabía dentro de las interpretaciones posibles. Podía estar errada. Pero el Congreso, incluso ante un yerro mayúsculo, no podía destituir a los votantes sin violar la autonomía del TC.

La doctoreada

Por otra parte, la destitución de cuatro miembros del TC se insinuó como uno de los tres movimientos con los que el fujimorismo buscaba acrecentar su poder. Los otros dos eran la destitución del Fiscal de la Nación y la vacancia del Presidente de la República. De modo que la defensa de los cuatro magistrados pasó a ser ya no la afirmación de un voto específico sobre el caso El Frontón, sino una resistencia contra el avasallamiento del TC por parte del Congreso. El proceso quedó congelado cuando intervino la Corte Interamericana mientras se sucedían dos intentos de vacar a PPK con los resultados conocidos. La Comisión Permanente del Congreso decidió pedir la destitución de Espinosa-Saldaña por haber sido el ponente del voto corregido, proponer la suspensión por treinta días de Marianella Ledesma y Carlos Ramos, y absolver al entonces presidente Manuel Miranda. Allí ha quedado la cosa, a la espera de que lo discuta eventualmente el pleno del Congreso. Entonces tomó cuerpo una segunda acusación contra Espinosa-Saldaña: la de atribuirse un título de doctor inexistente.

Esta segunda denuncia no tuvo parentesco alguno con la primera. Tampoco fue una cuestión supuestamente delictiva sino ética. Aunque en el Perú el doctoreo es común, el empleo frecuente de información académica falsa puede contrariar normas institucionales y exhibir la falta de probidad de un alto funcionario. El magistrado José Luis Sardón pidió al TC que destituyera a Espinosa-Saldaña por este hecho, y el pleno debatió el tema durante cinco horas, el pasado 20 de marzo. Las evidencias de que tenía por costumbre emplear el título de doctor en eventos y publicaciones académicas habían aparecido en la prensa durante los días anteriores. La defensa del acusado consistió en admitir errores que eran responsabilidad de terceros. En la junta no hubo nadie que le diera la razón.

Retiro de confianza

Los cinco magistrados presentes resolvieron retirarle la confianza a Espinosa-Saldaña para ejercer el cargo de vicepresidente que ostentaba en el TC. El comunicado oficial no dio mayores explicaciones, pero es significativo que Carlos Ramos y Marianella Ledesma, dos de los tres coacusados en el caso El Frontón, aparecieran en el lado opuesto. El tercero, Manuel Miranda, inasistió por motivos de salud.

Aparte de culpar a terceros, Espinosa-Saldaña fomentó la versión de que esta segunda acusación se originaba en el intento fujiaprista de copar el Tribunal Constitucional. El intento puede existir, pero es harina de otro costal. A diferencia de la primera denuncia, el tema del doctoreo –votación en el TC incluida– no ha podido ser vendido como conspiración política. Tampoco podría serlo el tercer episodio: una abierta discordancia del espinoso magistrado con el resto de miembros del TC, respecto de la validez de su voto en el hábeas corpus planteado por los esposos Humala para recuperar su libertad.

Lo que le falta

La discordancia fue planteada por Espinosa-Saldaña cuando el TC, por mayoría de cinco miembros, con la abstención de Carlos Ramos, se negó a considerar su voto en sobre cerrado. Dijo que era usual que se votara así, lamentando la actitud del resto de jueces. La mayoría del TC respondió afirmando que era improcedente votar como lo prefirió Espinosa-Saldaña. No hay que ser doctorado para darle la razón a este criterio. El vacacionante dejó su voto antes de que el ponente del caso, Ernesto Blume, sometiera al pleno su proyecto de resolución. Es deseable que el debate presencial enriquezca la resolución, en cualquier sentido. La postura de Espinosa-Saldaña será probablemente legal, pero irresponsable con un caso emblemático sobre el respeto a la libertad de los procesados.

Al magistrado le falta pulcritud. Esta ausencia es ostensible en los tres casos, porque –y aquí volvemos al primero– después de tanta discusión queda claro que la sentencia de El Frontón debió quedar como estaba, pues su modificación, de limitadas consecuencias penales, como ha sido demostrado, iba a producir el lío que sobrevino. En los otros tres jueces que fueron acusados en ese caso no se advierte este defecto que sí es recurrente en Espinosa-Saldaña. Pulcritud, sobra decirlo, es un mérito deseable en un miembro del Tribunal Constitucional, algo que el Congreso deberá tener en cuenta en la próxima elección de magistrados.

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